Barcelona, 3 de julio del 2025.- La patronal del transporte internacional, ASTIC, ha puesto en evidencia durante su asamblea y celebración de sus 65 años los problemas que afectan al sector, entre los que han destacado todos los que “ponen en riego la viabilidad” de la actividad del transporte y que son tanto coyunturales, administrativos, o regulatorios.
Respecto al nuevo marco regulatorio, se han pormenorizado las normativas como europeas sobre los peajes por emisiones de CO₂, la Directiva CS3D de diligencia debida en sostenibilidad o la Directiva CSRD sobre informes de sostenibilidad, que implican un profundo aumento de los costes estructurales para las empresas de transporte de nuestro país. La adecuación a las directivas CS3D y CSRD exige sistemas de gestión ESG, certificaciones ambientales y auditorías externas, lo que supone un coste añadido de entre 75.000 y 175.000 € anuales para una empresa tipo.
También se ha afirmado que la inclusión del transporte por carretera como “sector difuso” en el nuevo régimen ETS II (Sistema de Comercio de Emisiones para 2027), podría implicar un sobrecoste anual estimado entre 875.000 y 1,2 millones de euros para una empresa con 100 vehículos.
“Todas estas normativas amenazan con erosionar los ya estrechos márgenes del sector -que se sitúan entre el 3% y el 5%- y podrían poner en riesgo la viabilidad de las empresas que no logren adaptarse a tiempo”, señaló el presidente de ASTIC, Marcos Basante, que ha explicado que ASTIC se dirigirá formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar una revisión de los plazos y objetivos marcados.
Por otro lado se ha puesto de manifiesto el ascenso imparable de los costes de explotación en las empresas de transporte. El coste mínimo por kilómetro para las empresas de transporte por carretera se sitúa actualmente en 1,14 €/km, un 6 % más respecto a mediados de 2023. Este aumento se ve agravado por el conocido fenómeno del “cohete y la pluma”, por el cual las bajadas del precio del crudo no se trasladan con la misma rapidez ni intensidad al precio del gasóleo en surtidor, lo que impacta directamente en los márgenes operativos del sector.
También ha sido destacado un asunto ampliamente conocido y especialmente drástico para el sector: la escasez de conductores profesionales y la falta de relevo generacional. En España hacen falta 30.000 transportistas, una cifra que en 2028 podría elevarse notablemente, según señaló José Manuel Pardo, director técnico de ASTIC y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU). Con el objetivo de mitigar esta situación, que compromete la sostenibilidad de la cadena de suministro, se debe facilitar la incorporación de profesionales de terceros países; revisar el modelo de formación; incluir esta profesión en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del SEPE e incentivar el empleo joven (la edad media de los conductores de camión roza los 54 años), así como el empleo femenino.
Entre la lista de situaciones que amenazan al sector del transporte por carretera en España, destacó especialmente el rechazo frontal expresado por esta patronal ante la posible reducción de la jornada laboral a partir del 1 de enero de 2026 si el Gobierno logra los apoyos parlamentarios necesarios. Una medida que afectaría al transporte por carretera español, pero no al de otros países, lo que situaría a nuestro sector en clara desventaja. Una pérdida de competitividad que se podría traducir en incremento de precios de los productos transportados. “Nuestros conductores, trabajadores con jornadas de duración especial, conducirían 8.000 km menos al año. Nos preocupa especialmente cómo se articulará esta reducción con la estricta normativa europea sobre tiempos de conducción y descanso, lo que podría generar importantes tensiones operativas y legales”, explicó Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la patronal.
Fuente de Información: Todotransporte
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